“EL GOBIERNO NO PUEDE ELUDIR LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN”
Por Noelia Diaz
En el marco de la problemática que atraviesa la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 realizado por el Gobierno actual, Martín Becerra, especialista en comunicación, dio una charla abierta en ETER para los alumnos de Periodismo y Locución.
Lo primero que explicó Becerra fue que el DNU no excusa al Estado de cumplir con los deberes que están marcados por normas superiores que tienen rango constitucional. Además, aseguró que existe una contradicción entre lo que establecen las normas internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que dice el decreto. Con respecto a esto, resaltó:
“Es un terreno sobre el que hay que presionar, trabajar y activar porque el Gobierno no puede eludir la obligación de garantizar el acceso a la información”.
Las preguntas de los alumnos se centraron en las consecuencias de la medida tomada por el Presidente Mauricio Macri. Por su parte, Becerra hizo énfasis en cómo el DNU afectaba a las organizaciones de la sociedad civil y favorecía a los grupos concentrados de medios.
“El decreto establece que le da una prórroga automática de cinco años y una siguiente prórroga casi automática de otros diez años a todos los que usan licencia de espectro. Esa medida beneficia a los que ya están e impide que haya actores de la sociedad civil que aspiran a concretar el derecho conquistado en la ley sancionada en 2009 del 33 % que nunca se cumplió”. Luego de esta última afirmación, uno de los alumnos le repreguntó por qué consideraba que no se había cumplido con el 33 % y Becerra, con la misma claridad que explicó las consecuencias del DNU, dijo: “El Gobierno anterior hizo poco por este sector, hizo mucho menos de lo que prometió. En la Argentina hay más de 3 mil radios y emisoras de televisión del sector sin fines de lucro, y se dieron menos de 20 licencias en seis años de la ley. Tampoco solucionaron lo del permiso precario preventivo que se dio en los 90”.
Por otra parte, los alumnos habían trabajado y problematizado en una de las materias lo que sucedió el viernes 8 de abril de este año en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el Estado argentino tuvo que dar explicaciones de las consecuencias que conllevo el DNU 267/15. Además, Becerra participó como exponente de las organizaciones de la sociedad civil.
Con respecto a esto, una estudiante le consulto si era positiva la intervención de la CIDH en este conflicto, y dijo: “Lo bueno es que el Poder Ejecutivo ahora está más expuesto y condicionado, no puede hacer lo que quiere y el proyecto de ley que dijeron que están armando no debería excluir a las organizaciones sin fines de lucro”.
Al cierre de la charla, Becerra contó que trabaja en un proyecto de ley con una fuerza política que es minoría en el Parlamento. “Es un proyecto que tiene en cuenta los topes de licencia, cual es un estándar razonable de producción nacional, local e independiente, el tema del 33%. El desafío es ver con qué cosas de la ley de 2009 se puede seguir, cuáles necesitan ser actualizadas y en qué otras no estamos de acuerdo y tenemos que cambiar”.
@noelidiaz
Lo primero que explicó Becerra fue que el DNU no excusa al Estado de cumplir con los deberes que están marcados por normas superiores que tienen rango constitucional. Además, aseguró que existe una contradicción entre lo que establecen las normas internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que dice el decreto. Con respecto a esto, resaltó:
“Es un terreno sobre el que hay que presionar, trabajar y activar porque el Gobierno no puede eludir la obligación de garantizar el acceso a la información”.
Las preguntas de los alumnos se centraron en las consecuencias de la medida tomada por el Presidente Mauricio Macri. Por su parte, Becerra hizo énfasis en cómo el DNU afectaba a las organizaciones de la sociedad civil y favorecía a los grupos concentrados de medios.
“El decreto establece que le da una prórroga automática de cinco años y una siguiente prórroga casi automática de otros diez años a todos los que usan licencia de espectro. Esa medida beneficia a los que ya están e impide que haya actores de la sociedad civil que aspiran a concretar el derecho conquistado en la ley sancionada en 2009 del 33 % que nunca se cumplió”. Luego de esta última afirmación, uno de los alumnos le repreguntó por qué consideraba que no se había cumplido con el 33 % y Becerra, con la misma claridad que explicó las consecuencias del DNU, dijo: “El Gobierno anterior hizo poco por este sector, hizo mucho menos de lo que prometió. En la Argentina hay más de 3 mil radios y emisoras de televisión del sector sin fines de lucro, y se dieron menos de 20 licencias en seis años de la ley. Tampoco solucionaron lo del permiso precario preventivo que se dio en los 90”.
Por otra parte, los alumnos habían trabajado y problematizado en una de las materias lo que sucedió el viernes 8 de abril de este año en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que el Estado argentino tuvo que dar explicaciones de las consecuencias que conllevo el DNU 267/15. Además, Becerra participó como exponente de las organizaciones de la sociedad civil.
Con respecto a esto, una estudiante le consulto si era positiva la intervención de la CIDH en este conflicto, y dijo: “Lo bueno es que el Poder Ejecutivo ahora está más expuesto y condicionado, no puede hacer lo que quiere y el proyecto de ley que dijeron que están armando no debería excluir a las organizaciones sin fines de lucro”.
Al cierre de la charla, Becerra contó que trabaja en un proyecto de ley con una fuerza política que es minoría en el Parlamento. “Es un proyecto que tiene en cuenta los topes de licencia, cual es un estándar razonable de producción nacional, local e independiente, el tema del 33%. El desafío es ver con qué cosas de la ley de 2009 se puede seguir, cuáles necesitan ser actualizadas y en qué otras no estamos de acuerdo y tenemos que cambiar”.
@noelidiaz